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Viernes, 23 Noviembre 2018 08:10

Hemos asistido en los tres últimos años a comprobaciones masivas del IRPF en lo referente a las dietas percibidas por los contribuyentes, declaradas como exentas de tributación. La Agencia Tributaria consciente del abuso de esta vía para retribuir mas sin aumentar el coste fiscal, inició expedientes de comprobación ( y con la ocurrencia de empezar por los ejercicios próximos a prescribir).

Y tales comprobaciones tributarias han sido rentables, dada la imposibilidad en muchos casos de acreditar la realidad de los desplazamientos de los trabajadores, los motivos y razones de los mismos.

El TEAC en una reciente resolución aclara quién debe justificar las dietas y qué debe justificar cada parte ( empresa y empleado).

Así , los gastos de locomoción( si son en vehículo privado ) y los gastos de manutención, deben ser acreditados por la empresa( el pagador), quién deberá acreditar el día, lugar del desplazamiento, motivo o razón del mismo. Si el trabajador dispusiera de algún medio de prueba, puede justificar la dieta.

Los gastos de estancia y los gastos de locomoción ( vehículo público) debe en principio justificarlo el trabajador.

Por tanto , ojo al dato empresas y empleados.

Sevilla a 23 de noviembre de 2018.

Fdo. Antonio M. Puntas Prado

Economista. Socio. Bufete Delgado-Lamet&Asociados

Martes, 06 Noviembre 2018 10:44

* Artículo originalmente publicado en el Diario Expansión en su edición de 5 de noviembre de 2018.

 

Es esta la pregunta que a consecuencia del cambio de criterio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre quien tiene la condición de sujeto pasivo del impuesto, tiene soliviantada y expectante a la ciudadanía y en particular a las entidades financieras y ocupados, con inusitado interés, a los medios de comunicación.

Ciertamente, al menos en perspectiva de futuro, la pregunta es un tanto ingenua pues, de un modo u otro, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará el prestatario y no las entidades financieras, probablemente a través de la subida de los intereses u otros conceptos para evitar que la traslación de la carga impositiva pudiera ser calificada como una cláusula abusiva al amparo del art. 89 de la Ley de Defensa de los Consumidores.

La traslación económica de los tributos que gravan la actividad económica es algo bien conocido y acreditado por más que de manera sorprendente se ignore con frecuencia por el legislador a la hora de establecer los tributos o modificar los mismos.

Ello sucede cuando el obligado a pagarlos a la Hacienda Pública tiene la posibilidad de repercutirlos a terceros por tener poder de mercado para ello. En definitiva, por tener poder para fijar los precios.

Es evidente que las entidades financieras tienen en gran medida, sino en toda ella, este poder al actuar las mismas en un mercado oligopolista, con muy pocos actores cuyo número, además, se ha ido reduciendo en los últimos años.

Ocupémonos ya de quien ha de ser considerado como sujeto pasivo del impuesto por la constitución de la hipoteca. En definitiva quién debe pagar el impuesto a las distintas Haciendas Públicas de las Comunidades Autónomas que lo recaudan.

Miércoles, 10 Octubre 2018 10:34

Es uno de los principales problemas que tienen que afrontar y en el mismo se entrecruzan cuestiones económicas y personales al mismo tiempo, lo que hace que cualquier solución sea siempre problemática. De ahí que cualquier medida que “impulse” a los propietarios al pago regular de sus cuotas haya de ser bienvenida.

Y una de las medidas más efectivas es el establecimiento de un recargo para el caso de retraso en el pago. Así ocurre con la comunidad de propietarios que da lugar a la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 5 de diciembre de 2017 y que puede consultarse AQUÍ.

El procedimiento se inicia a instancias de uno de los propietarios (“Inversiones Pinocho Puerto, S.L.”, cuyo nombre ya parece advertir de la poca fiabilidad del mismo) y se dirige contra el acuerdo de la Comunidad por el que se establece un recargo del 20% en caso de retraso en los pagos.

Domingo, 30 Septiembre 2018 10:32

OBJETO DE LA SENTENCIA. -

Determinar si el medio de comprobación consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, es ajustado a derecho. Art. 57 1 b) LGT.

DOCTRINA. -

El valor real de los bienes y por tanto la base imponible del ITP y AJD no puede determinarse mediante la aplicación de este medio.

COMENTARIO. -

El valor real es el valor de mercado.

Para determinar dicho valor, se ha de atender a los precios medios existentes en el mercado (valores de mercado) que se han de ajustar conforme a las características objetivas del bien transmitido (estado de conservación, situación, arrendamiento, etc.

El medio de comprobación enjuiciado, por su generalidad, no sirve para determinar el valor real del bien.

A nuestro juicio, la doctrina establecida en la Sentencia es correcta.

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